Laborales interinos: entre Scila y Caribdis

Autor: Francisco José Rodríguez Márquez. Ayuntamiento de Estepona
Como es sabido, la expresión “estar entre Escila y Caribdis” se aplica a esas situaciones en las que a

dos peligros y que, distanciarse de uno te pone en peligro de caer en el otro; fue el dilema al que tuvo

que enfrentarse Ulises en su viaje de regreso a Ítaca. Escila era un imponente acantilado mientras que

Caribdis era un aterrador remolino. Lo que viene siendo “estar entre la espada y la pared”.

Esta reflexión viene al caso de encontrar sobre mi bandeja de entrada un escrito de una sección sindical,

con representación tanto en el comité de empresa como en la junta de personal, en el que solicita

reconocer relación laboral indefinida al personal que viene ocupando, en la actualidad, puestos de

trabajo mediante relación de interinidad desde hace un largo periodo de tiempo, con base en la

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo n.º 322/2019, de 24 de abril.

Es cierto que el acceso al empleo público forma parte del estatuto de los empleados públicos, pues de

modo expreso el art. 103.3 CE establece que “La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos,

el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad…”, habiéndose

reafirmado por el Tribunal Constitucional la aplicabilidad de tales principios, con plenitud, a todas

las Administraciones Públicas. Por otro lado, el art. 11.1 TREBEP permite a las Administraciones

Públicas realizar contratos de trabajo “en cualquiera de las modalidades de contratación de personal

previstas en la legislación laboral”.

Por ello, es factible acudir (en determinados supuestos enmarcados dentro de las necesidades del

servicio) a la contratación de un empleado público en régimen temporal como solución transitoria a

dichas necesidades, si bien el abuso de las interinidades en puestos que deberían ser desempeñados por

funcionarios de carrera nos alejan del modelo de función pública diseñado por la Constitución.

No obstante, hay que valorar si esta prolongación sine die de las situaciones de interinidad en el

empleo público no constituyen una vulneración de los derecho de acceso al empleo público invocado

en el art. 23.2 CE, ya que se perpetúa a quienes accedieron a un empleo público de manera

supuestamente provisional mediante criterios de selección menos rigurosos que los contemplados en

la normativa de selección de funcionarios.

Pues bien, la STS 24/04/2019, en su F.D. 3º añade a la duración inusualmente larga de un contrato

temporal como indicio de su conversión en fijo, que el abuso de derecho en la contratación temporal

“deslegitima el contrato inicialmente válido, que se desdibuja al convertirse el objeto del contrato

en una actividad que, por el extenso periodo de tiempo, necesariamente se ha incorporado al habitual

quehacer” para continuar afirmando que “No se trata solo de la muy dilatada duración (más de

20 años), sino también de que no parece que exista vacante susceptible de ser cubierta por proceso

de selección o promoción alguna y, sobre todo, la Administración empleadora no ha desplegado

conducta alguna que sea concordante con el mantenimiento de la interinidad reseñada”. De todos

modos, las Entidades Locales tampoco somos enteramente responsables de tales supuestos dado que

las limitaciones a la tasa de reposición de efectivos ha coadyuvado a que se prolongasen en el tiempo

las situaciones de interinidad.

No obstante, esa petición no puede ser atendida, desde mi punto de vista, en sede administrativa

puesto que la D.F. 34ª LPGE 2017 (con vigencia indefinida desde su entrada en vigor) determina

la responsabilidad de los órganos competentes en materia de personal de las Administraciones

“no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal

salvo cuando ello se derive de una resolución judicial”, determinando en tales casos en su apartado

3º la exigencia de responsabilidades a los titulares de dichos órganos. Por último, no podemos acudir

al proceso especifico contemplado en el TREBEP para el personal laboral que desempeña tareas

reservadas a personal funcionario dado que se circunscribe a personal laboral fijo (D.T. 2ª) y, en

ningún caso, es aplicable ano así a personal laboral indefinido, interino o temporal.

Así pues, si bien la propuesta tiene su fundamento legal en una sentencia de nuestro Alto Tribunal

por la que se determina la conversión en fijo de contratos laborales de interinidad de duración

inusualmente larga, basado tanto en el tiempo transcurrido desde la suscripción del contrato de

interinidad como en la inactividad de la Administración, no resulta posible acceder a dicha petición

puesto que la redacción dada a la D.F. 34ª LPGE 2017, prohíbe a los órganos competentes en materia

de personal de las Administraciones Públicas atribuir la condición de indefinido no fijo a personal

con un contrato de trabajo temporal salvo cuando ello se derive de una resolución judicial.

Así pues sólo queda, desde mi punto de vista, desestimar en sede administrativa tales peticiones y

esperar esperar algún otro fallo judicial que nos permita armarnos de razones para defender dicha

postura frente a la interposición de las oportunas demandas en el orden social.