Ante la confusión que ha generado la aparición de una nota interpretativa del Presidente de la Comisión de Coordinación del Empleo Público aparecida en el día de hoy relativa a la interpretación que haya de darse a la aplicación del permiso extraordinario retribuido y recuperable regulado por el Real Decreto-Ley 10/2020 de , desde ANEXPAL queremos hacer las siguientes consideraciones:

1. Es necesario comenzar este análisis señalando que la nota informativa que al parecer se ha emitido desde la Comisión de Coordinación del Empleo Público es sólo una interpretación, sin duda valiosa en un punto que genera controversia, pero sin valor vinculante o de cumplimiento obligatorio para las AAPP. 

2. No nos corresponde como aplicadores del Derecho cuestionar los motivos de la norma, que quedan por otro lado expresados en su exposición de motivos, sino señalar las consecuencias que implica de acuerdo con su contenido. 

Desconocemos si la pretensión del Real Decreto-Ley 10/2020 era excluir a todo el personal del sector público, tanto laboral como funcionario, con independencia de su pertenencia, de la aplicación del Real Decreto-Ley, o si era la exclusión del personal funcionario dependiente de la AGE y las entidades locales. 

Cualquiera que fuera la pretensión de la norma, y cualquiera que sea la de las normas que se puedan establecer, más aún en estos momentos, contará sin duda con la lealtad plena de tod@s nosotr@s para garantizar su mejor aplicación.

Pero lo cierto es que la lectura de la norma a aplicar, en ese caso, el Real Decreto Ley 10/2020, permite una concreta interpretación que daría lugar a que las Administraciones Locales pudieran dictar resoluciones en sus ámbitos, sobre la extensión y aplicación del permiso que crea dicho Real Decreto-Ley, algo que de hecho ya se ha producido.

En este contexto, la nota que genera estas consideraciones crea dudas interpretativas esenciales y profundas que conviene señalar.

3. La nota en cuestión afirma que el Real Decreto-Ley 10/2020 es una norma de carácter laboral que no es de aplicación (se entiende que directa) ni al personal funcionario, ni al personal laboral de los departamentos ministeriales ni sus organismos públicos.

Esta afirmación, respecto de lo que afecta al personal laboral, parece chocar frontalmente con lo que expresa el propio Real Decreto-Ley 10/2020 tanto en su artículo 1, que expresamente señala que “El presente real decreto-ley se aplicará a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”, como en su exposición de motivos, y en concreto, en su apartado III, donde se señala que “El presente real decreto-ley regula un permiso retribuido recuperable para personal laboral por cuenta ajena, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales calificadas como tal en el anexo”

4. Esa misma nota, ya en lo referido al ámbito al que se refiere, señala con meridiana claridad que queda circunscrita a la AGE, tal y como expresa su propio contenido. 

Aún es más, de hecho las resoluciones de 10 y 12 de marzo de 2020 de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública de son resoluciones internas de la AGE, claramente destinadas a su personal, hasta el punto de que se indica que el personal queda a disposición de las necesidades de dicha Administración, y no de otras.

Es difícil, de acuerdo con estas premisas, pretender que su contenido sea directamente aplicable a otras administraciones con carácter general, y específicamente a las Administraciones Locales.

5. La nota, por otro lado, no declara inaplicable la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley en el ámbito de la AGE, ni la posibilidad de acudir a ella como medida para implementar el permiso extraordinario retribuido y recuperable al personal no esencial, sino que realiza una mera valoración circunstancial para concluir que, en la actualidad, no lo considera conveniente en ese ámbito.

De ello, parece deducirse la aplicabilidad de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 10/2020.

6. La Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 10/2020 concede autonomía a las administraciones locales para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideren esenciales.

Conviene recordar, en este punto, que dicha autonomía para concretar la distribución de la jornada dentro del marco de la jornada anual que establece el Estado encuentra su garantía legal en los artículos 4.1.a) y e) y 94 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local o los artículos 3, 47, 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

Pues bien, el permiso extraordinario retribuido y recuperable es, en la práctica, una distribución irregular de la jornada, y por su naturaleza, no exactamente un permiso (ya que de serlo, no sería recuperable), cuya adopción sería posible en el margen de las competencias citadas con el amparo de la Disposición Adicional Primera ya reiterada y la normativa sobre empleo y función pública de las Entidades Locales.

7. Por otro lado, interpretar que en función de que un mismo servicio que pueda ser considerado como no esencial genere cuando hablamos de personal de una empresa que presta servicios para las AAPP el permiso extraordinario retribuido y recuperable, y que cuando se trata de personal de la propia administración pueda suponer una licencia con sueldo, contando como tiempo trabajado, supone una discriminación real efectiva entre sector público y privado de difícil justificación, que no contribuye a mejorar la imagen de eficiencia y probidad que debería ser propio de la función pública. 

Por otro lado, pretender que en el ámbito del empleo público no fuera recuperable el tiempo no trabajado, dándole carácter de tiempo de trabajo, generará una vez superada la crisis evidentes problemas, toda vez que es esperable una recuperación de toda la actividad que no se ha podido desarrollar como consecuencia de la paralización de plazos y las actuaciones que no se han podido desarrollar pero que se solicitarán por las personas interesadas, y con ello, necesidades de tiempo de trabajo con el que no va a ser posible contar si prospera la interpretación que señala la nota informativa analizada.

8. Y si como se desprende del Real Decreto-Ley 10/2020, y pese a lo que señala la nota, el personal laboral debiera estar incluido directamente en su ámbito esa discriminación sería aún más difícilmente sostenible, sin perjuicio de los problemas de gestión de dispares situaciones finales en idénticas condiciones de partida que se generarían en el seno de las propias administraciones.

Por todo ello, en el momento actual creemos que la interpretación que muchos ayuntamientos ya han adoptado para regular las consecuencias del Real Decreto-Ley 10/2020 es válida y adecuada.

No obstante, ante las evidentes discrepancias que se señalan, y dado que la nota informativa no tiene, como se ha dicho, carácter vinculante, con el fin de garantizar un marco de seguridad jurídica que permita a los operadores del sector público adoptar decisiones con claridad, creemos que sería conveniente que el Gobierno aclarara de forma inequívoca y vinculante los extremos controvertidos, que básicamente son:

1. Si el Real Decreto-Ley 10/2020 es de aplicación o no al personal laboral del Sector Público, y específicamente, al personal de las entidades locales.
2. Si al amparo de lo que prevé la Disposición Adicional Primera del citado Real Decreto-Ley, es posible que una entidad local pueda dictar resoluciones para la aplicación del permiso al personal funcionario que no desarrolle actividades que puedan ser declaradas como esenciales.

ANEXPAL, 30 de marzo de 2020