María José González Hernández
Jefe de Servicio de Servicios Generales
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife)
En el difícil mundo de las Administraciones Públicas, los gestores de recursos humanos nos encontramos con la tónica habitual de funcionarios que desempeñan funciones propias de puestos reservado a funcionarios de otro grupo, de otra Escala o Subescala, etc…, bien por ausencias transitorias (permisos, licencias o vacaciones) o más prolongadas (incapacidades temporales de largo recorrido, etc…), lo que conlleva dudas recurrentes sobre cómo retribuir correctamente dichas situaciones.
Que el asunto no es baladí, lo demuestra el hecho de que han sido varias las ocasiones en que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre dicha cuestión, puesto que suele ocurrir que los meses pasan y la correspondiente Administración duda sobre la retribución adecuada por lo que el asunto suele judicializarse con la además consiguiente reclamación de intereses por parte del funcionario.
En este sentido, en Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Junio de 2011 (rec. 2488/2009) el Alto Tribunal consideró conforme a derecho un Acuerdo municipal que regulaba las condiciones de trabajo del personal funcionario, y acogiendo el sistema propio del personal laboral, contemplaba, en los casos de desempeño por un funcionario de funciones de superior categoría, la percepción de las retribuciones correspondientes a tal categoría.
En dicha Sentencia, el Supremo concluye que si un funcionario desempeña las funciones propias de otro puesto de trabajo debe cobrar por ello puesto que lo contrario supondría un enriquecimiento injusto por parte de la Administración a la que presta sus servicios, dejando claro, además, que las retribuciones a percibir serían las objetivamente vinculadas al puesto de trabajo, indicando que “(…) por retribuciones del puesto de categoría superior han de entenderse necesariamente retribuciones objetivas y sólo éstas, que son las que únicamente están vinculadas al puesto y no al funcionario que los sirve, de tal suerte que con su abono se da plena virtualidad al esquema retributivo de la Ley 30/1984(…)”.
La obligatoriedad de abono no presenta dudas para el Tribunal Supremo indicando de forma terminante en dicha Resolución judicial que “resultaría contradictorio que la Administración le reconociera a un funcionario capacidad o actitud suficiente para el desempeño provisional de un determinado puesto de trabajo y, simultáneamente, le negara los derechos económicos vinculados a ese mismo puesto,(…)”.
Así, más adelante, y concretamente el 18 de enero de 2018, en su Sentencia nº 52/2018, emitida por la Sala Tercera, el Tribunal Supremo ratifica de nuevo la obligatoriedad de retribución ordenando la retroacción de las actuaciones al objeto de prueba de ejercicio de las funciones, frente al criterio de la Abogacía del Estado, defensor de la tesis de que el principio de igualdad exige que los funcionarios perciban las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo para el que han sido nombrados. Defendía el Ministerio Fiscal la extraordinaria importancia del acto de nombramiento pues se produce en virtud de un sistema de libre concurrencia y de razones vinculadas a los principios de mérito, capacidad y de igualdad. Por eso, en palabras de la Fiscalía, “acceder a las retribuciones de puestos de trabajo al margen del sistema regular y ordenado del nombramiento efectuado en esas condiciones constituye de por sí una quiebra de los referidos principios de igualdad, mérito y capacidad”.
Esta necesidad probatoria que habilita al Tribunal Supremo a determinar en ese supuesto la retroacción de actuaciones, ya había sido exigida por los Tribunales Superiores de Justicia (ejemplo, Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 26 de Mayo del 2011 (Rec. 1770/2008) indicando (…) “será preciso que quien alega que concurre esa situación cumpla con la carga de probarla, así como también que exista algún acto en que se le encomienden tales funciones, o, cuando menos, que dicha situación, siquiera, haya sido autorizada, consentida u ordenada por la vía de los hechos por un superior, que es lo que le habilitará para su prestación efectiva. Y una vez ello cumplido, no cabrá oponer la inexistencia de nombramiento oficial en un puesto que no lo tiene asignado, ni tampoco que lo impiden las correspondientes dotaciones presupuestarias, ya que, como decimos, lo realmente decisivo es la efectiva prestación de las funciones correspondientes al puesto de trabajo que por concurrir en él determinadas particularidades tiene reconocidos los complementos en una determinada”.
Dado por hecho, por tanto, la obligatoriedad de retribuir, la duda surgía a continuación: ¿cómo fijar el quantum de esa retribución? ¿cuál sería el importe total de complementos del puesto efectivamente desempeñado?, ¿podría ser la diferencia entre las retribuciones complementarias del puesto de origen y las que correspondan a aquél cuyas funciones se ejercitan?
De claridad meridiana en este aspecto resulta la reciente Sentencia número 605/2019 de 7 de mayo de 2019 del Tribunal Supremo, que analiza la pretensión de una funcionaria del Cuerpo General Auxiliar (C2) de la Administración General del Estado destinada en una Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, a la cual el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sentencia de 10 de enero de 2018 emitida en el recurso nº 1780/2018) había desestimado en su integridad el recurso interpuesto por la referenciada empleada pública que reclamaba las diferencias retributivas básicas y complementarias entre las que tenía asignadas en su puesto de origen y las correspondientes al puesto de Técnico de Oficina de Prestaciones (A2, nivel 20), cuyas funciones afirmaba haber realizado en su totalidad entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de marzo de 2015.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaba la reclamación de la funcionaria recordando lo indicando en las sucesivas leyes presupuestarias relativas a los ejercicios reclamados (y que vuelve a reproducirse, en el momento actual, en el artículo 6. Uno D) del reciente Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público) según las cuales “Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento específico perciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto de trabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativa vigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que dicha normativa les reconoce otras cuantías (…)”.
El Alto Tribunal, después de analizar la diferente normativa en materia retributiva, y concretamente el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, indica que cuando este precepto introduce el inciso “entre otros”, al hablar de que la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias, se establecerán por las correspondientes Leyes de cada Administración Pública, difiere del tenor del artículo 23 de la Ley 30/1984, de Medidas para la reforma de la función pública el cual no contenía esa posibilidad extensiva.
Y una vez analizada esa diferencia de redacción, expresa que el verdadero obstáculo, en todo caso, lo ofrecerían las sucesivas Leyes de Presupuestos con la prescripción anteriormente transcrita, las cuales, a juicio del Tribunal Supremo, permitirían justificar una desestimación de las pretensiones en caso de ejercicios puntuales de funciones, pero no en el caso de ejercicio continuado de todas o de las funciones esenciales de otro puesto en el que sí que correspondería retribuir, concluyendo en el Fundamento Jurídico Sexto que las limitaciones presupuestarias no impiden “que los funcionarios que desempeñen la totalidad o las tareas esenciales de un puesto de trabajo distinto de aquél para el que fueron nombrados,, perciban las diferencias retributivas entre los complementos de destino y específico del puesto efectivamente desempeñados y los del suyo”.
En síntesis, el Tribunal Supremo, en este fallo judicial, reconoce a los funcionarios, en el caso de ejercicio continuado de todas o de las funciones esenciales de otro puesto, el derecho al percibo de las diferencias retributivas entre los complementos de destino y complemento específico del puesto de destino y el de origen, reconociendo, además, en este caso concreto, y como era esperable, el derecho al percibo de los intereses legales de las cantidades reclamadas.
texto sentencia
